ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE ARTICULACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ, AL TERRITORIO Y LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

Abstract

La inclusión y participación ciudadana en asuntos ambientales forma parte fundamental de los principios de gobernanza local. Esta cooperación es esencial para la democracia ambiental. La participación ambiental se ha desarrollado en las últimas décadas como un derecho humano, habitualmente se le ha abordado como un mecanismo o instrumento que pretende satisfacer el derecho a disfrutar de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, no obstante también es representativo de un valor constitucional en sí mismo. Este derecho ha sido consagrado recientemente en el Acuerdo de Escazú, cuyos estándares podrían implicar importantes adecuaciones al orden jurídico regional del Área Metropolitana de Bucaramanga.

La presente monografía tiene como finalidad realizar un análisis del contexto local para lograr la implementación de los tres principales mecanismos de participación y articulación ciudadana en el Área metropolitana de Bucaramanga (derecho de acceso a la información, derecho a la participación pública y derecho de acceso a la justicia) a partir de los alcances propuestos por el Acuerdo de Escazú como instrumento que fortalece la política pública ambiental del territorio.

En este documento se implementó como referente de investigación el tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, el cual tuvo como finalidad describir, clasificar, catalogar o caracterizar y a su vez estudiar el comportamiento en el ámbito natural del objeto de estudio. El presente estudio plantea la hipótesis: el derecho a la participación ambiental es un derecho humano que encuentra su fundamento en los cimientos mismos de soberanía y que posee dimensiones tanto procedimentales como sustantivas en conexión con el derecho a disfrutar de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, la cual se evidencio dentro de la consulta bibliográfica y por la que se pudo identificar el acceso que tiene el Área Metropolitana desde el ámbito del derecho convencional, instrumentos legales de acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.