Análisis sobre la contabilidad forense y su contribución a la detección y prevención de fraudes en los procesos de contratación pública en Colombia

Abstract

El presente trabajo de grado tuvo como propósito analizar cómo la contabilidad forense puede contribuir a la detección y prevención de fraudes en los procesos de contratación pública en Colombia, particularmente en el ámbito territorial, donde persisten prácticas de corrupción que afectan el uso eficiente de los recursos del Estado. La metodología empleada fue de tipo cualitativo con enfoque documental, sustentada en el análisis normativo nacional e internacional, la revisión de criterios técnicos de contratación, la identificación de tipologías de fraude, el estudio de casos emblemáticos de corrupción y la triangulación con metodologías forenses. Se trabajó bajo un método inductivo, complementado con la revisión de literatura especializada, sentencias judiciales y guías emitidas por entidades de control y organismos multilaterales. Los resultados permitieron, en primer lugar, evidenciar vacíos y contradicciones en la normativa colombiana que limitan la efectividad de los mecanismos de control. En segundo lugar, se identificaron debilidades en los criterios de selección de contratistas, los cuales, aunque regulados, son susceptibles de manipulación. Asimismo, se clasificaron las principales tipologías de fraude en fases precontractual, contractual y postcontractual, ilustradas con ejemplos prácticos. De igual forma, se sistematizaron las metodologías de contabilidad forense aplicables a estos escenarios, destacando las de carácter documental. Finalmente, el análisis de casos como el Cartel de la Contratación de Bogotá, Odebrecht, el PAE y la UNGRD evidenció patrones recurrentes de corrupción y la ausencia de aplicación sistemática de herramientas forenses. Las conclusiones señalan que la contabilidad forense representa una alternativa integral para fortalecer la transparencia y el control en la contratación pública, pero requiere su institucionalización mediante reformas normativas, capacitación especializada y el uso de tecnologías avanzadas. El trabajo sugiere, además, que su implementación no debe entenderse solo como un mecanismo reactivo, sino como una estrategia preventiva que incremente la confianza ciudadana en las instituciones públicas.