Análisis del estado actual de la normatividad del Impuesto de Industria y Comercio sobre el e-Commerce en los municipios de las subregiones: Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté del departamento de Cundinamarca y Quindío de Colombia durante el periodo 2024

Abstract

En Colombia, el pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para empresas no residentes que prestan servicios digitales no está claramente definido, lo que genera incertidumbre tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales; asimismo, el Estatuto Tributario colombiano y las normas municipales no han definido con claridad si las empresas extranjeras que prestan servicios digitales como plataformas de streaming, publicidad en línea, software en la nube, entre otros, deben pagar el ICA. Por esta razón la presente investigación busca establecer cómo se encuentra en la actualidad la normatividad del Impuesto de Industria y Comercio en las empresas que ofrecen servicios digitales de los municipios de las subregiones: Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté de los departamentos de Cundinamarca y Quindío. Lo anterior, con el propósito de proponer opciones de financiamiento para las entidades territoriales, contribuyendo así al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2 de la Carta Magna colombiana. Es por ello que, a través de una metodología de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y método inductivo, apoyada en una revisión documental de fuentes primarias correspondientes al año 2024, se logró determinar que existe una falta de estandarización en la normativa del ICA, generando vacíos normativos y desigualdades en la recaudación municipal. Esto se hace aún más evidente en la regulación sobre el comercio electrónico, la cual sigue siendo limitada en la mayoría de los municipios, a pesar de su rápido crecimiento, puesto que pocos acuerdos abordan la territorialidad de estas actividades o establecen tarifas específicas, lo que restringe la recaudación fiscal. Esta falta de normativas genera incertidumbre para empresas y emprendedores, afectando la inversión y la competitividad en las economías locales.